Por Nicolas Valenzuela, Director General de SentidosComunes.cl @valenzuelalevi
La reconstrucción de viviendas está estancada. Solo se han entregado alrededor de 4.000 viviendas definitivas (según datos de la Universidad de Chile), lo que equivale a menos del 1,5% de las que se necesitan. A pesar de que se han “asignado” recursos para alrededor de 140.000 subsidios, el 12 de mayo el ministro Pérez indicó que a la fecha hay 84 mil obras iniciadas y 33 mil terminadas. Estas son mayoritariamente de reparación, y no viviendas nuevas construidas. En entrevista a Cooperativa el ministro dijo que son “un poco más de mil las viviendas nuevas entregadas en sitio propio” (según una entrevista concedida a Cooperativa citada por el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile).
Por este atraso, el pasado domingo 16 de mayo de 2011, en entrevista en El Mercurio, se le preguntó al Ministro de Vivienda:
1. Se acaba el poder de controlar la calidad de las construcciones
El permiso de edificación es aquel que acredita que la construcción cumplirá con todas las normas y leyes que deben cumplir las viviendas. Si se aplican a todos los proyectos, las intenciones de Ministro de Vivienda podrían implicar que no se respete la norma sísmica y se construya con bajos estándares: tener casos de edificios derrumbados en próximo terremoto (como Alto Río), lloviéndose como las antiguas Casas COPEVA, en lugares que no permite el Plan Regulador o con densidades fuera de la ley.
Sin el permiso de obra para construir, no hay nada que permita certificar que las edificaciones cumplen con la norma hasta que ya estén construidas. Se está eliminando lo que fue considerado internacionalmente como la fortaleza de Chile: la calidad de las construcciones producto de normas de edificación que se hacen respetar justamente en el momento de la entrega del Permiso de Edificación en la Dirección de Obras Municipales.
2. Se acaba la posibilidad de fiscalizar el avance real de la construcción de viviendas
Además, los permisos de edificación son el único indicador que se puede tener de los proyectos que efectivamente se están construyendo respecto de los subsidios asignados a las personas, (sin un proyecto en ejecución). El gobierno inicialmente dijo que había “entregado” el subsidio 100.000, pero luego tuvo que corregir la palabra puesto que la Contraloría define la entrega cuando existe efectivamente una vivienda que recibe el beneficiario. El MINVU cambió la palabra “entregadas” por “asignadas”, lo que implica que hay recursos y definición de su destinatario, pero no requiere que haya un proyecto en ejecución, ni menos terminado. Los permisos de edificación son datos que pueden ser obtenidos por la Ley de Transparencia, y permitió que la Asociación Chilena de Municipalidades desmintiera las cifras del gobierno. Actualmente, de los 140.000 subsidios asignados solo habrían 4.000 obras entregadas, muchas de las cuales fueron construidas antes del terremoto.
Sin la exigencia del permiso de edificación para iniciar las obras, requisito mínimo desde hace varias décadas, no habría forma de saber cuántas viviendas realmente se están construyendo.
¿Qué razón puede haber para esto?
El cumplimiento de normas y la aprobación de trámites implican costos en tiempo y dinero para las empresas, aunque garantizan la seguridad y los derechos de las personas y el Estado, quienes serán dueñas de las edificaciones y pagaran por ellas.
En su política de reconstrucción el Gobierno de Piñera ha confiado en entregar recursos de subsidios a la demanda, para que las empresas inmobiliarias y constructoras provean la oferta. Actualmente el MINVU no puede responder por la gestión necesaria para que aparezcan esas viviendas. Este modelo ha sido un fracaso. Ante la búsqueda de soluciones, no se ha escuchado a quienes plantean que el Estado debe encargarse de gestionar los proyectos, cosa que puede hacer a través de los SERVIU y las propias Municipalidades (si es que se les entregan recursos para ello). La participación de los privados es fundamental en la construcción, pero las licitaciones de construcción debieran realizarse cuando el Estado cuente con el suelo y haya organizado la demanda (a los afectados). Hasta ahora que ese momento ocurra depende de que se trate de negocios rentables para las inmobiliarias y constructoras.
En lugar de eso, la Cámara Chilena de la Construcción ha desplegado un gran lobby con el gobierno y diversos parlamentarios para liberalizar todavía más las reglas del juego del mercado inmobiliario. Recordemos que la CCHC es el gremio con más patrimonio de Chile, y que de todo el mercado inmobiliario de viviendas el 71% recibe algún subsidio del Estado y el 46% son completamente financiadas por éste, a través de los programas de vivienda social: los mismos programas que se pretende utilizar para reconstruir la mayoría de las viviendas. Es esta demanda la que se habría escuchado si los dichos del Ministro se aplican a todas las obras de reconstrucción de vivienda, confiando en que al facilitarle el negocio a las empresas constructoras la reconstrucción avance más rápido.
La eliminación de las restricciones mínimas del mercado inmobiliario, a costa del evidente riesgo de que sean miles los que perezcan en el próximo sismo – por las malas decisiones de un gobierno que no puede cumplir los plazos que declara –, es la alternativa que el ministro Perez Mackenna menciona en una de sus primeras apariciones pública en torno a la reconstrucción. Si se cumple lo que dice el ministro para todos los proyectos, es pan para este gobierno, pudiendo decir que cumple con los tiempos y eliminando la fiscalización, y hambre y muerte para casi un millón de chilenos en un futuro cercano.
Aspectos Administrativos
La única forma de poder construir sin tener el permiso es modificando la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en el Congreso. No vale ninguna forma administrativa. Es la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) la que establece la obligación de tener un permiso aprobado para iniciar obras (Art. 116° LGUC), por lo que es ilegal construir sin permiso (Art. 1.3.2 numeral 2). La obra puede ser paralizada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) (Ar. 146° LGUC), por la SEREMI (157° LGUC).
Si la DOM y la SEREMI no actúan, sigue siendo ilegal y cualquier ciudadano puede hacer la denuncia a la Contraloría en contra de la DOM y la SEREMI, o en Tribunales. Hay muchas familias pobres que suelen construir sin permiso, lo grave sería que un Ministerio instruya de actuar en forma ilegal.
El Coordinador Nacional de la Reconstrucción, Pablo Allard, mencionó al ser consultado que esta medida es sólo para la construcción con proyecto tipo en sitio residente. Esto implicaría que los dichos de Perez Mackenna solo se aplicarían a un número reducido de casos, y que por lo tanto esta medida no implica agilizar la gran cantidad de proyectos que da a entender la entrevista en El Mercurio. De ser cierto para todos los proyectos, entonces pueden haber varias irregularidades que deben ser investigadas. El MINVU debiera aclarar los dichos del ministro.
flickr.com/photos/segegobchile
Por este atraso, el pasado domingo 16 de mayo de 2011, en entrevista en El Mercurio, se le preguntó al Ministro de Vivienda:
-¿Cómo pretende acortar los plazos? El cemento no puede fraguar en menos tiempo…¿Qué implican las palabras del ministro?
-Se han hecho mejoras a los procesos, como en la entrega de subsidios, donde se redujo de 117 a 18 los trámites que hay que hacer. Se flexibilizó la norma para que se inicien las obras sin tener el permiso de edificación y que éste se entregue junto con el término de la obra.
1. Se acaba el poder de controlar la calidad de las construcciones
El permiso de edificación es aquel que acredita que la construcción cumplirá con todas las normas y leyes que deben cumplir las viviendas. Si se aplican a todos los proyectos, las intenciones de Ministro de Vivienda podrían implicar que no se respete la norma sísmica y se construya con bajos estándares: tener casos de edificios derrumbados en próximo terremoto (como Alto Río), lloviéndose como las antiguas Casas COPEVA, en lugares que no permite el Plan Regulador o con densidades fuera de la ley.
Sin el permiso de obra para construir, no hay nada que permita certificar que las edificaciones cumplen con la norma hasta que ya estén construidas. Se está eliminando lo que fue considerado internacionalmente como la fortaleza de Chile: la calidad de las construcciones producto de normas de edificación que se hacen respetar justamente en el momento de la entrega del Permiso de Edificación en la Dirección de Obras Municipales.
2. Se acaba la posibilidad de fiscalizar el avance real de la construcción de viviendas
Además, los permisos de edificación son el único indicador que se puede tener de los proyectos que efectivamente se están construyendo respecto de los subsidios asignados a las personas, (sin un proyecto en ejecución). El gobierno inicialmente dijo que había “entregado” el subsidio 100.000, pero luego tuvo que corregir la palabra puesto que la Contraloría define la entrega cuando existe efectivamente una vivienda que recibe el beneficiario. El MINVU cambió la palabra “entregadas” por “asignadas”, lo que implica que hay recursos y definición de su destinatario, pero no requiere que haya un proyecto en ejecución, ni menos terminado. Los permisos de edificación son datos que pueden ser obtenidos por la Ley de Transparencia, y permitió que la Asociación Chilena de Municipalidades desmintiera las cifras del gobierno. Actualmente, de los 140.000 subsidios asignados solo habrían 4.000 obras entregadas, muchas de las cuales fueron construidas antes del terremoto.
Sin la exigencia del permiso de edificación para iniciar las obras, requisito mínimo desde hace varias décadas, no habría forma de saber cuántas viviendas realmente se están construyendo.
¿Qué razón puede haber para esto?
El cumplimiento de normas y la aprobación de trámites implican costos en tiempo y dinero para las empresas, aunque garantizan la seguridad y los derechos de las personas y el Estado, quienes serán dueñas de las edificaciones y pagaran por ellas.
En su política de reconstrucción el Gobierno de Piñera ha confiado en entregar recursos de subsidios a la demanda, para que las empresas inmobiliarias y constructoras provean la oferta. Actualmente el MINVU no puede responder por la gestión necesaria para que aparezcan esas viviendas. Este modelo ha sido un fracaso. Ante la búsqueda de soluciones, no se ha escuchado a quienes plantean que el Estado debe encargarse de gestionar los proyectos, cosa que puede hacer a través de los SERVIU y las propias Municipalidades (si es que se les entregan recursos para ello). La participación de los privados es fundamental en la construcción, pero las licitaciones de construcción debieran realizarse cuando el Estado cuente con el suelo y haya organizado la demanda (a los afectados). Hasta ahora que ese momento ocurra depende de que se trate de negocios rentables para las inmobiliarias y constructoras.
En lugar de eso, la Cámara Chilena de la Construcción ha desplegado un gran lobby con el gobierno y diversos parlamentarios para liberalizar todavía más las reglas del juego del mercado inmobiliario. Recordemos que la CCHC es el gremio con más patrimonio de Chile, y que de todo el mercado inmobiliario de viviendas el 71% recibe algún subsidio del Estado y el 46% son completamente financiadas por éste, a través de los programas de vivienda social: los mismos programas que se pretende utilizar para reconstruir la mayoría de las viviendas. Es esta demanda la que se habría escuchado si los dichos del Ministro se aplican a todas las obras de reconstrucción de vivienda, confiando en que al facilitarle el negocio a las empresas constructoras la reconstrucción avance más rápido.
La eliminación de las restricciones mínimas del mercado inmobiliario, a costa del evidente riesgo de que sean miles los que perezcan en el próximo sismo – por las malas decisiones de un gobierno que no puede cumplir los plazos que declara –, es la alternativa que el ministro Perez Mackenna menciona en una de sus primeras apariciones pública en torno a la reconstrucción. Si se cumple lo que dice el ministro para todos los proyectos, es pan para este gobierno, pudiendo decir que cumple con los tiempos y eliminando la fiscalización, y hambre y muerte para casi un millón de chilenos en un futuro cercano.
Aspectos Administrativos
La única forma de poder construir sin tener el permiso es modificando la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en el Congreso. No vale ninguna forma administrativa. Es la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) la que establece la obligación de tener un permiso aprobado para iniciar obras (Art. 116° LGUC), por lo que es ilegal construir sin permiso (Art. 1.3.2 numeral 2). La obra puede ser paralizada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) (Ar. 146° LGUC), por la SEREMI (157° LGUC).
Si la DOM y la SEREMI no actúan, sigue siendo ilegal y cualquier ciudadano puede hacer la denuncia a la Contraloría en contra de la DOM y la SEREMI, o en Tribunales. Hay muchas familias pobres que suelen construir sin permiso, lo grave sería que un Ministerio instruya de actuar en forma ilegal.
El Coordinador Nacional de la Reconstrucción, Pablo Allard, mencionó al ser consultado que esta medida es sólo para la construcción con proyecto tipo en sitio residente. Esto implicaría que los dichos de Perez Mackenna solo se aplicarían a un número reducido de casos, y que por lo tanto esta medida no implica agilizar la gran cantidad de proyectos que da a entender la entrevista en El Mercurio. De ser cierto para todos los proyectos, entonces pueden haber varias irregularidades que deben ser investigadas. El MINVU debiera aclarar los dichos del ministro.
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